Añez lleva tres meses detenida arbitrariamente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en el Helicoide. Quien es mejor conocida como “Mamá Lis” por la prensa y la opinión pública, será presentada este martes 15 de agosto ante un tribunal militar en una audiencia preliminar al juicio arbitrario e ilegal que el régimen pretende iniciarle por los delitos de “Traición a la patria” y “Rebelión militar”. La madre de familia salió a la luz pública hace tres años por su solidaridad y apoyo a los estudiantes que participaron en las manifestaciones multitudinarias del 2014, a quienes procuró alimentos, vestimenta, medicinas y, más adelante, visitó en prisión.
Lisbeth Añez fue arrestada el 11 de mayo pasado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el aeropuerto de Maiquetía en Caracas. La venezolana de 51 años fue retenida cuando se encontraba por abordar un vuelo al exterior para recibir tratamiento médico por una enfermedad crónica que, debido a la crisis humanitaria y a la consiguiente escasez de medicamentos en Venezuela, se vio imposibilitada de tratar en su país.
“El encarcelamiento de Lisbeth Añez es un atentado cruel contra su vida y está en tono con la forma revanchista, resentida e inhumana en la cual opera la dictadura venezolana”, dijo Garry Kasparov, director ejecutivo de HRF. “No solo se le ha impedido recibir un tratamiento médico vital, sino que en una paradoja nefasta, Lisbeth Añez ha sido detenida en la sede de la policía política de la dictadura donde, hasta hace poco, brindó su apoyo solidario e incondicional a otras víctimas del régimen. Lisbeth debe ser liberada inmediatamente”, concluyó Kasparov.
El 12 de mayo, un día después de su arresto, Lisbeth Añez fue presentada ante un tribunal militar que dispuso su privación de libertad e instruyó que sea recluida en la sede del SEBIN en el Helicoide. Allí fue aislada por veinticuatro días, hasta el 4 de junio, y privada de su derecho a tener acceso a un abogado y a recibir visitas de su familia. En los casi tres meses desde su detención y a pesar de que padece de una enfermedad crónica delicada, Añez no ha tenido acceso a servicios médicos para verificar su estado de salud.
En el 2014, Lisbeth Añez visitó dos campamentos montados por estudiantes en protesta por la represión violenta de las manifestaciones multitudinarias contra el régimen. La situación precaria de los estudiantes la motivó a gestionar alimentos, vestimenta y medicinas para apoyarlos. Cuando los campamentos fueron violentamente desmantelados y los estudiantes arrestados, Añez continuó visitando a los detenidos en uno de los centros de reclusión más infames del país, la sede del SEBIN en el Helicoide, donde posteriormente sería encarcelada.
En contacto telefónico con HRF, el hijo mayor de Lisbeth Añez indicó que su madre continuó visitando el Helicoide hasta finales del 2016, cuando la imposibilidad de obtener la medicación necesaria para tratar su propio padecimiento empezó a deteriorar su salud. Indicó que la audiencia preliminar había sido programada inicialmente para el 17 de julio pasado, pero que fue diferida por los funcionarios del régimen en dos oportunidades; primero para el 10 de agosto y luego para el martes 15 de agosto próximo. También señaló que los funcionarios públicos se mostraron indiferentes frente al estado de salud de su madre.
"La privación de libertad de Lisbeth Añez sin justificación alguna y por un periodo prolongado, y su enjuiciamiento ante un tribunal militar que no es competente y mucho menos independiente e imparcial, son medidas ilegales que violan su derecho a la libertad personal y a tener acceso a un debido proceso legal", dijo Centa B. Rek Chajtur, asociada legal internacional de HRF. "El uso de estos tribunales militares para juzgar a los civiles detenidos por participar en las protestas viola el derecho internacional de los derechos humanos", concluyó Rek Chajtur.
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