NUEVA YORK — Human Rights Foundation (HRF), en asociación con el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), presentó esta mañana un memorial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que adopte medidas cautelares donde se exija al Estado venezolano garantizar la vida, la integridad física y la libertad personal de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que fueron nombrados la semana pasada por la Asamblea Nacional. El pedido de HRF y el CLADH se produjo en respuesta a los arrestos arbitrarios de los magistrados Ángel Zerpa, Zuleima Gonzáles y Jesús Rojas Torres, y a los ataques, amenazas y hechos de hostigamiento que vienen sufriendo la treintena de magistrados nombrados constitucionalmente por el poder legislativo.
“Es cierto que si la CIDH accediera a nuestro pedido y dictara medidas cautelares, estas probablemente no serían cumplidas de buena gana por Nicolás Maduro, ya que su régimen forajido lleva años tratando de desvincularse del sistema interamericano, con la ayuda de sus jueces serviles”, dijo Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “Sin embargo, una acción decidida de la Comisión a favor de los jueces auténticos que están siendo perseguidos reforzaría la voz unívoca de la comunidad internacional contra la brutalidad del régimen de Maduro. El prestigio de la CIDH se forjó en época de dictaduras feroces que trataban de desconocer el derecho internacional de los derechos humanos, así que no tenemos duda de que los atropellos de la dictadura de Nicolás Maduro se seguirán chocando con la voz potente y de denuncia de la Comisión”, dijo El-Hage.
El documento de 41 páginas fue presentado esta mañana y pide a la CIDH que “cese todo tipo de amenaza, hostigamiento, o actos de violencia contra los magistrados y magistradas”; que “se dé a conocer el paradero de los magistrados que han sido detenidos ilegítimamente, y se les otorgue la excarcelación inmediata” y que “se libere de todo cargo, acusación y/o denuncia de cualquier índole a todos los magistrados que han sido amenazados públicamente por el Presidente Nicolás Maduro”.
El documento fue preparado por un conjunto de abogados de HRF y del CLADH en representación de los 33 magistrados nombrados por la Asamblea Nacional de Venezuela el pasado 21 de julio.
“Hemos pedido a la Comisión que actúe ante las amenazas públicas y categóricas proferidas por el Presidente Nicolás Maduro contra la vida, la libertad y los bienes de los magistrados”, dijo Ignacio Boulin, presidente del CLADH. “La Comisión deberá sopesar la gravedad de los hechos sufridos, las desapariciones forzosas ocurridas, la presencia permanente de desconocidos en los domicilios, el actuar encubierto de oficiales de inteligencia que responden al presidente, entre otros hechos que hemos denunciado. Los hechos son graves y requieren urgencia”, expresó Boulin.
El mecanismo de medidas cautelares está previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Según este reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, “solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano”.
El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro, que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos en toda América Latina, buscando crear una cultura que tenga como base el respeto irrestricto por los derechos fundamentales de las personas.
Human Rights Foundation (HRF) es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial, con énfasis en sociedades cerradas.
Contacto: Prachi Vidwans, (212) 246-8486 o prachi@humanrightsfdn.wpengine.com